Es bien sabido que la República Islámica de Irán es uno de los Estados del mundo donde las violaciones más graves de los derechos humanos se producen con mayor frecuencia e intensidad. Desde que el actual Presidente, Hassan Rouhani, tomó posesión de su cargo hace dos años se han ejecutado en aquel país a cerca de dos mil personas, la mayoría de ellas disidentes políticos o críticos de la situación imperante. El régimen fundamentalista creado por el Ayatolá Jomeini en 1980 es una máquina de triturar seres humanos. En 1988 treinta mil opositores a la teocracia tiránica que oprime a Irán perdieron la vida en el patíbulo, casi todos sin juicio ni garantías procesales. A día de hoy sus familias no saben dónde llorar a sus seres queridos porque fueron enterrados en fosas comunes de paradero desconocido. Se estima que hasta la fecha más de cien mil reos han sido liquidados sin piedad. Las mujeres son objeto de un trato degradante, sufriendo discriminaciones sociales, laborales y educativas de los más diversos tipos. La policía religiosa propina palizas y arresta a las iraníes que considera que llevan el velo mal puesto o cometen acciones tan indecorosas como dar la mano por la calle a su novio. Una vez en la cárcel con frecuencia son violadas por sus guardianes y torturadas con saña, además de sometidas a vejaciones sin cuento. Las comunicaciones en la red son censuradas, al igual que de forma periódica el régimen procede a la requisa de antenas parabólicas para evitar que sus ciudadanos tengan acceso a las cadenas de televisión internacionales o al canal del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, el principal grupo opositor a la dictadura de los clérigos que desde el exilio lleva sosteniendo en alto durante tres décadas la bandera de la alternativa democrática a la pesadilla totalitaria que oprime ferozmente a sus connacionales. A toda esta serie de atrocidades se suma la labor incansable del régimen iraní de promoción del terrorismo y de exportación del extremismo rigorista islámico en todo el mundo.
Pues bien, este es el sistema con el que las potencias occidentales han firmado un acuerdo para ralentizar, que no eliminar, su programa armamentístico nuclear. Y, por sorprendente e indignante que resulte, en el transcurso de las largas conversaciones sostenidas para cerrar el trato ni Estados Unidos ni la Unión Europea han hecho la menor alusión al tema de los derechos humanos y las libertades civiles. Federica Mogherini, John Kerry y compañía se han ceñido estrictamente al ámbito de la dimensión bélica de las actividades de Irán en relación a la energía atómica sin ni siquiera rozar los crímenes cometidos diariamente contra sus propios ciudadanos por el Gobierno de Irán. Hubiera sido natural, tratándose de potencias teóricamente comprometidas con los valores democráticos y dotadas de sensibilidad humanitaria, que por lo menos hubiesen intentado introducir un capítulo referido a derechos humanos en las negociaciones con sus interlocutores iraníes. No ha sido así y, como es natural, sus interlocutores iraníes han interpretado que tienen luz verde para incrementar la represión, tarea sangrienta a la que están entregados con entusiasmo.
El acuerdo nuclear, que por supuesto la parte iraní no cumplirá, sólo servirá para descongelar los activos del régimen retenidos por las sanciones y para abrir la puerta de la economía iraní a las inversiones y a los negocios de las grandes empresas francesas, británicas, alemanas, italianas, españolas y americanas. Todo ello al precio de aumentar el sufrimiento del pueblo iraní y de reforzar a unas elites políticas, religiosas y militares cuyo objetivo sigue siendo la hegemonía sobre Oriente Medio y la destrucción de Israel. El negocio no puede ser peor, pan para hoy y guerra y destrucción para mañana.
