España ofrece la originalidad de ser el único Estado del mundo en el que en una parte apreciable de su territorio es imposible escolarizar a un alumno de enseñanza primaria o secundaria en la lengua oficial de dicho Estado. Cuando antiguos colegas míos del Parlamento Europeo, franceses, alemanes, británicos, polacos o checos, se interesaban por esta cuestión y yo les explicaba la realidad cotidiana de las familias que en Cataluña desean que sus hijos reciban del sistema educativo público enseñanza en español, no me creían, y algunos llegaron a decirme que eso que yo les relataba era no sólo inimaginable, sino imposible. Sin embargo, una situación que para cualquier europeo sensato es simplemente absurda, es propiciada por nuestro ordenamiento constitucional y sus apendiculares Estatutos de Autonomía, condenando a los padres que intentan hacer valer su legítimo y legal derecho a educar a sus vástagos en su lengua materna, que es además oficial en toda España, a complejos y costosos procedimientos judiciales, a aguantar los soporíferos discursos patrióticos del funcionariado nacionalista e incluso a sufrir desprecio y marginación social en determinados entornos sociológicos. Desde luego, entre las varias y poderosas razones que existen para emprender, después de treinta y siete años de vigencia de nuestra Ley de leyes, una reforma constitucional, está la de garantizar plenamente el derecho a la enseñanza en español en todos los puntos de la geografía nacional.
Ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha obligado a la Generalitat a indemnizar con tres mil euros a una familia por el perjuicio causado a su hija durante su etapa de educación infantil por negarle enseñanza en español y someterla a la tortura encubierta de la llamada «atención individualizada», que consiste en discriminar al niño en presencia del resto de la clase, singularizarle como un bicho raro y mostrarle como un mal catalán, paso previo a quizá colocarle un día una pegatina con un toro rojigualda en la ropa y confinarlo en un campo de exterminio. Esta decisión de tan alto órgano judicial demuestra hasta qué punto de delirio kafkiano se ha llegado en esta cuestión. Al igual que la sorprendente previsión de la ley Wert, que establece un extraño método para que lo que es lógico sea posible, a saber, que el Estado pague la matriculación del alumno privado de enseñanza en español en un centro privado que se la proporcione, descontándole posteriormente a la Generalitat la correspondiente cantidad de las transferencias financieras que recibe de la Hacienda central, la compensación fijada por los magistrados es una burla a los afectados. No se trata de esquivar el atropello de los separatistas, contrario a la legalidad y al sentido común, se trata de impedirlo
Cuanto más se piensa en este disparate, mayor es la indignación y el estupor. Si unos padres españoles quieren que sus hijos reciban en España enseñanza en la lengua oficial del Estado, que es un vehículo de comunicación universal utilizado regularmente por quinientos millones de personas en ambos hemisferios y dotada de una de las literaturas más potentes del mundo, proporcionándole así una herramienta valiosa de enriquecimiento cultural y de oportunidades futuras en su vida, no pueden hacerlo porque una pandilla de doctrinarios provincianos y fanáticos se lo impide y el Gobierno de la Nación lo tolera. A veces nos quejamos de nuestras desgracias patrias, pero es que muchas de ellas nos las merecemos. En un país en el que a la gente en sustitución de sus derechos los tribunales les dan limosnas, cualquier aberración es posible.
