Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), fueron la rama terrorista adscrita al Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-r) que empezaron con su macabra “lucha” para la imposición del “paraíso comunista” en los últimos meses de 1975 y que cometieron la mayor parte de sus asesinatos tras la proclamación de la Constitución.
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No existe unanimidad en las cifras sobre las víctimas que el GRAPO causó, principalmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios y empresarios. El estudio más completo fue realizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que cuantifica en 84 las víctimas mortales, tres secuestros y centenares de heridos de diversa consideración.
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El debut asesino de este grupo terrorista de ideología anarquista fue el 2 de agosto de 1975, cuando un comando formado por cuatro terroristas asesinó al agente de la Guardia Civil Casimiro Sánchez García, que recibió nueve disparos de bala, y dejó herido de gravedad su compañero Inocencio Cabezón Sánchez, que recibió tres disparos uno de los cuales quedó alojado en un pulmón.
Dos meses después, el 1 de octubre, se produjo una cadena de cuatro atentados organizados de forma coordinada como respuesta a los fusilamientos, cuatro días antes, de tres terroristas del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y dos de ETA. Esa acción acabó con la vida de cuatro policías nacionales en cuatro atentados diferentes situados en varias zonas de Madrid. Las víctimas fueron Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín. Este atentado fue el que dio el nombre al grupo terrorista que cogió la fecha del 1 de octubre como macabro símbolo de la supuesta lucha contra el fascismo.
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Tras estos asesinatos la acción policial consiguió neutralizar la acción de los GRAPO que entraron en una espiral de atentados con explosivos y asesinatos a mano armada hasta que a finales de 1976, con una estructura todavía endeble, empezaron con los secuestros para intentar condicionar la vía de cambios políticos que conocemos como la Transición. Así, secuestraron el 11 de diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y poco después, el 24 de enero de 1977, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Emilio Villaescusa. Ambos fueron retenidos en el mimo piso, hasta que fueron liberados por la policía el 11 de febrero de 1977.
Los dos años siguientes continuaron con un chorreo de atentados en varios puntos de la geografía española. Dos policías heridos en Vigo, un guardia civil asesinado en Santiago de Compostela y el asesinato del presidente de la Sala sexta del Tribunal Supremo, Miguel Cruz Cuenca. A la vez, se multiplicaron los atracos a entidades bancarias, método elegido por los terroristas del GRAPO para financiar su escalada de asesinatos.
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En mayo de 1976 se produjo la mayor matanza de la banda, perpetrada en la cafetería California 47, en la calle Goya, donde murieron nueve personas y 61 resultaron heridas. El ataque, aunque la prensa lo ha silenciado siempre, estaba dirigido contra los militantes del partido Fuerza Nueva, liderado por el notario Blas Piñar y que suponía el único grupo político que mantenía una clara vinculación con el régimen de Franco, de quien se consideraban herederos. La cafetería se encontraba a escasos 50 metros de la sede de Fuerza Nueve y los asesinos comunistas del GRAPO eligieron las siete de la tarde de un sábado para poner la bomba porque tras los actos en la sede, los militantes solían ir a la cafetería.
Tras este atentado, la persecución contra el grupo terrorista aumentó y la banda quedó casi desarticulada. La victoria del PSOE en 1982 llevó a los dirigentes de los GRAPO a ofrecer un alto el fuego al nuevo Gobierno bajo la premisa de que serían entendidos por su proximidad ideológica. Sin embargo, pese a las negociaciones no hubo acuerdo y la banda se reorganizó en 1984. Llevaban 61 asesinatos y estaban dispuestos a seguir matando para implantar el comunismo, a pesar de que el rechazo social era cada vez mayor y su forma de actuar les convertía en un grupo más mafioso que de supuesta reivindicación política, el año 84 se saldó con otros 8 nuevos asesinatos. Alguno de ellos se produjo en intentos de asaltos a bancos, realizados para financiar a los pocos miembros que le quedaban activos.
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El 18 de enero de 1985 la banda terrorista quedó prácticamente desarticulada con la detención de 18 personas en varias actuaciones de la Policía Nacional que intervino cinco pisos francos en diversos municipios de España. Los terroristas que escaparon a la operación policial, Manuel Pérez Martínez y Milagros Caballero Carbonell, consiguieron reorganizar un comando en 1988 y volvieron a cometer asesinatos: dos policías nacionales y cuatro guardias civiles entre ese año y el siguiente.
En 1990 asesinaron al médico José Ramón Muñoz en Zaragoza, responsable de haber alimentado por la fuerza a los miembros de la banda terrorista que se habían declarado en huelga de hambre. Ese mismo año asesinaron al coronel Manuel López Muñoz en Valladolid.
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Cuando todo apuntaba a que la banda comunista se había disuelto, en el transcurso de un atraco a un furgón blindado asesinaron al vigilante Pedro Manuel Escuder. En el mismo atentado murieron los dos terroristas que manipulaban la bomba: Isabel Santamaría y Pedro Luis Cuadrado. Era el mes de marzo de 1993 y parecía el fin definitivo del grupo que llevaba casi dos décadas sembrando España de muertos. Pero el 25 de junio de 1995 secuestraron al empresario Publio Cordón, cuya desaparición todavía está rodeada de muchas incógnitas, aunque todo apunta a que fue asesinado dos semanas después del secuestro.
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Todavía le quedaban balas a los asesinos antes de la disolución y en mayo de 2000 asesinaron a dos vigilantes de seguridad de Prosegur mientras atracaban el furgón que custodiaban. El mismo año asesinaban al Policía Nacional Francisco Javier Sanz Morales. Habría que esperar hasta el año 2006 para una nueva acción de los comunistas del GRAPO, con el asesinato, último hasta hoy, de la empresaria Ana Isabel Herrero Izquierdo.
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Tras nueve años de tranquilidad, la izquierda radical española ha vuelto a reivindicar los atentados de los GRAPO, concretamente en la denominada segunda marcha de la dignidad que tuvo lugar en Madrid el pasado 22 de marzo, en el transcurso de la cual un grupo de encapuchados colgó una pancarta en la Plaza de Cibeles con el lema: “Que vuelvan los GRAPO… necesitamos una limpieza de fachas urgente”. Ningún representante de la organización condenó ni mandó retirar este manifiesto caso de enaltecimiento del terrorismo.
