Debo reconocer que una amarga sensación invadió mi ánimo cuando leí el artículo del catedrático Enrique Arnaldo el 8 de junio en El Español, el nuevo periódico de Pedro J. Ramírez. Al parecer, la Academia es incapaz de analizar políticamente una ley electoral sin mostrar su desvitalizada asepsia positivista o, simplemente, sin doblar la cerviz ante el poder establecido.
Circunscribiendo la política a lo que es, a la lucha por el poder, tal y como lo han venido definiendo los más grandes estudiosos de la materia (Maquiavelo, Weber, Schmitt, Jouvenel, Aron, Duverger, etc.), no resulta muy difícil comprender la importancia que tienen las reglas de juego en virtud de las cuales se accede al mando -junto a la manera de controlarlo posteriormente- en la democracia representativa. Por tanto ley electoral y poder es pleonasmo. Decía Freund que “La política no es ni liberal, ni socialista, ni tiránica ni democrática. Se vuelve así por la forma de usar el mando/obediencia”. Estoy absolutamente de acuerdo.
Si el término democracia responde a la soberanía del pueblo – utilizo este vocablo más por lo que se entiende por ello que por lo que realmente significa, pues soberanía es un concepto no homologable en el mundo contemporáneo-, la democracia moderna, es decir, la representativa, deberá asegurar que los ciudadanos disponen de la capacidad necesaria para poner y deponer a aquellos individuos que se postulan para ostentan el poder.
A mi juicio, ningún factor condiciona más el tipo de legitimidad de la dominación o relación de mando y obediencia que caracteriza a todo Estado que la ley electoral, pues el modo en que se elige a los representantes y mandatarios es el verdadero factor constituyente de las reglas de juego políticas. Si los ciudadanos disponen de libertad casi total (o de competencia perfecta) para elegir y ser elegidos, hablaremos de un sistema democrático. Si existen restricciones legales (listas electorales) o barreras de entrada (financiación pública) en la oferta política (candidaturas) de modo que los ciudadanos dispongan de una libertad limitada para elegir a sus representantes, nos encontraremos ante una oligarquía. Como el economista Schumpeter decía, con razón, que los hombres nos comportamos como niños ante las cuestiones políticas, traslademos las dos hipótesis que acabo de describir al ámbito del mercado y veremos con suma facilidad que donde existe libre competencia en la oferta existe libre mercado y cuando la oferta está controlada por uno o varios operadores, asistimos a un monopolio u oligopolio. Es triste contemplar en España la virulencia con la que todos los ciudadanos nos quejamos de los estragos que causan los oligopolios energéticos, financieros, de la comunicación social, etc., y la pasividad servil que mostramos ante el mayor, el más nocivo y el más peligroso de todos, el oligopolio político u oligarquía.
Ni siquiera la proclamación de principios adscrita a la mayoría de las Constituciones desempeña un papel tan crucial. En primer lugar, porque, al encontrarse al margen del articulado, ésta tiene un papel más declarativo que normativo. Pero fundamentalmente, porque, como decía Benjamin Constant, la única garantía real para la libertades civiles de que dispone un pueblo es su propia libertad política.
Decir que la ley electoral no tiene su origen en la Constitución es decir una gran mentira sin faltar a la descripción aséptica de los hechos históricos. Es cierto que su origen hunde sus raíces en el decreto-ley de normas electorales de 1977, y que la Constitución del 78 no la alteró. Pero lo realmente honesto sería decir que no sólo no la alteró sino que la blindó en cuerpo y alma, instituyendo a la provincia como circunscripción electoral en el artículo 68, de modo y manera que el sistema oligárquico de listas quedaba garantizado ad eternum.
Es triste que todo un catedrático de Derecho constitucional manifieste una contemporización tan obscena con las reglas de juego existentes que, no nos engañemos, son las verdaderas causantes de la lamentable situación en la que España se encuentra como nación y como sociedad. Nuestro problema no se llama bipartidismo sino oligarquía, sea ésta ejercida por dos o por diez partidos. Y ésta permanecerá presente en la vida de los españoles mientras exista un sistema electoral formado por circunscripciones de listas y no por distritos uninominales a doble vuelta y con revocatoria de mandato, única forma de convertir al votante en el mandante.
Triste pero comprensible. Porque se puede intuir que un catedrático en España, aun teniendo talla intelectual, haya tenido que hacer tantos méritos partidocráticos para llegar a serlo que la esclerosis moral provocada le haya hecho “olvidar” la precondición oligárquica de la ley D´Hont. Lo que no es comprensible, al menos para mí, y de ahí viene mi amargura, es que el nuevo periódico de Pedrojota, del que soy testimonial accionista, y que un día tras otro nos indica los efectos perversos que lo político está desplegando sobre toda la nación española, no digo que no le haya censurado el artículo –¡¡hasta ahí podríamos llegar!!- sino que no haya publicado alternativamente otro con el que desmontar argumentalmente semejante impostura política y por lo tanto, ya, periodística. Criticar los efectos generados por la clase política y no saber o no querer erradicarla por la única vía posible, no es desde luego, muy edificante.
