“El acta es de Izquierda Unida”. Resulta imposible reflejar en menos palabras el espíritu que acompaña a esta nueva generación de políticos reaccionarios surgida al calor del 15M, que las que Tania Sánchez hiló en su última rueda de prensa. Porque reaccionario es quien pretende preservar los valores políticos, sociales y morales correspondientes al pasado y el que se opone a las reformas que suponen progreso en la sociedad. Y porque cuando alguien tiene como paradigma político a Evita Perón o a Cristina Fernández de Kirchner, ese alguien es inevitablemente reaccionario.
Los dos grandes principios sobre los que se fundamenta la democracia, definida como la capacidad del pueblo para poner y deponer a sus gobernantes, son la representación del elector por el elegido y la separación de poderes. Este último, concebido por Montesquieu y cuya inobservancia conlleva al despotismo, no es siquiera nombrado en el programa electoral de Podemos. Del primero, idea del humanismo secular del siglo XIV y obra del liberalismo de los siglos XVII y XVIII, no queda rastro en España. Su ausencia es constitutiva de monopolios u oligarquías políticas. Pues si por algo se define la formación de una clase política ensoberbecida por la distancia que le separa de la sociedad a la que pertenece en origen, una “casta” como dicen aquellos cuya vulgaridad está incluso excediendo a la de quienes critican, es por la facultad de que disponen sus cúpulas para diputar a sus empleados en el Congreso sin contar con los ciudadanos. Tal es el efecto que producen las listas de partido, abiertas o cerradas, en un sistema parlamentario. Y, por supuesto, los reaccionarios no pretenden, sino, parafraseando a Spinoza, perseverar en su ser.
Lo sorprendente no es que este análisis sea sólo compartido por un reducido estrato social, pues la propaganda de que España es una democracia perfectamente homologable impuesta por el régimen partidocrático ha tenido objetivos tan totalizadores que haber resistido a sus efectos narcotizantes ha sido sólo posible para una selecta minoría amante de la libertad y la cultura. Lo alarmante es que se identifique con lo nuevo a un partido -a estas alturas Tania y Pablo es pleonasmo- que no satisfecho con la pretensión de cercenar las libertades civiles aspira a eliminar todo proyecto de libertad política.
Si el acta pertenece al partido, ¿dónde queda la representación del ciudadano? Y siendo así, ¿para qué se necesitan trescientos cincuenta funcionarios, cuando sólo haría falta uno por cada partido, representando su correspondiente porcentaje de sufragios? Por otro lado, al proponer la revocatoria de mandato, ¿se refieren entonces a que será el partido quien pueda retirar el acta al diputado-empleado? Porque si el acta pertenece a la cúpula que lo designa, no parece lógico intelectualmente ni posible jurídicamente que se la retiren los electores. Robert Michels advertía a principios del siglo XX de la ley de hierro de las oligarquías políticas, pero dudo mucho de que llegase a predecir semejante impostura.
Muchos ciudadanos comienzan a intuir que el régimen que Podemos pretende imponer supondría un torpedo en plena línea de flotación del barco de la libertad individual y colectiva que viene surcando trabajosamente, desde hace más de dos siglos, las agitadas aguas de la historia moderna.
Sin embargo, todavía desconocen que la falta de representación y la inexistencia de separación de poderes actuales son, precisamente, las causas que nos han situado en altamar con un buque sin gobierno. E ignoran, también, que la reforma constitucional es ya es una idea hegemónica en la sociedad española de la que no parece probable una marcha atrás.
Si en un breve espacio de tiempo no se organiza una tercera vía a favor de la libertad y de la democracia, uniendo a los nuevos partidos y a los colectivos moderados de la sociedad civil, el movimiento reaccionario de la extrema izquierda dará al traste, por muchos años, con la oportunidad única que esta sangrante crisis nos está brindando para reformar las reglas de juego de esta oligarquía de partidos.
