Tengo la sensación de que la presión ambiental hace que estemos ante el momento clave en la lucha contra la corrupción. Lo profusión de casos aparecidos en la opinión pública y el que estos afecten a los grandes partidos y abunden por tanto en la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia ellos van a forzar una respuesta. El acoso de Podemos, por la simpatía despertada por este grupo político en un sector de electores, es un acicate más para el despertar de la ira farisaica de PP y PSOE, y contribuirá también a su conversión en adalides de la limpieza en lo público al menos durante unos días. Hay que aprovechar la conjunción, no sé si planetaria o no, de estos factores para ahora sentar las bases que dificulten los tan extendidos comportamientos más que turbios. Ahora o nunca.
Si las razones éticas no bastaran, cada vez son más las voces que hablan de la relación entre corrupción y pobreza evidenciando que no solo van unidas, sino que se retroalimentan sin cesar. Recientes estudios cifran en 40.000 euros el coste anual de la corrupción en España y el ‘Índice de percepción de la corrupción’ publicado ayer por Transparencia Internacional presentaba una correlación casi perfecta entre países pobres y corruptos. España, en el citado índice, ocupa el vergonzoso lugar treinta y siete, muy lejos de lo que sería de desear. Hace bien poco Rajoy propuso medidas, ayer fueron los jueces decanos reunidos en Valencia los que apuntaron remedios ante esta lacra. ¿Podemos esperar, más allá de los discursos, compromisos y hechos?
No entiendo nada. Es evidente que erradicar la corrupción es imposible, pero es también cierto que los jueces y los políticos saben cómo dificultarla. ¿Por qué, si todos coinciden en la necesidad de dotar a la justicia de independencia y medios, nadie de hecho hace nada? ¿Alguien me lo explica?
