Me apuntaba recientemente un ilustre amigo que con más frecuencia de la que debiéramos, nos centramos en temas políticos de actualidad en lugar analizar los hechos económicos y sociales objetivos de gran trascendencia a largo plazo: aquellas realidades objetivas ineludibles que condicionarán de forma decisiva nuestro futuro. Una vez más estamos ante la ilusión de lo cercano y urgente que desplaza lo importante. No cabe la menor duda que tales realidades han sido analizadas, previstas y estudiadas desde la óptica económica de una manera exhaustiva y a fondo, por ello disponemos de unos datos y estadísticas incontestables respecto al estado de la situación en estos momentos y su evolución. Tampoco se puede poner en duda de que un día sí y otro no tales problemas son aireados y las conclusiones contrastadas y discutidas por las fuerzas políticas en curso, si bien lo que resulta sorprendente es que tales conclusiones no acarreen a su vez las medidas económicas y fiscales necesarias para encarrilar esos problemas y buscar una solución viable para nuestro futuro, y no limitarse simplemente a seguir repitiendo con machaconería por ejemplo: “no hay problema con las pensiones futuras…” para que todo votante se quede tranquilo, cuando todos sabemos, si no somos ciegos o estamos poseídos por un voluntarismo optimista, que tal problema sí existe y que es grave.
La solución ya apuntada en diversas ocasiones por las distintas autoridades es que todo ciudadano además de la cobertura de una seguridad pública, debe tener un plan individual. Me voy a fijar en el problema español y el de algunos países latinos, ya que los nórdicos y anglosajones llevan tiempo desarrollando sus planes de jubilación individuales al margen del estado a través de sistemas de capitalización. Nadie se ha atrevido a detallar seria, proporcional y consecuentemente las consecuencias que dicha acumulación de ahorros suplementarios, que habrían de detraerse del consumo o los impuestos corrientes, tendría en la extractiva fiscalidad que sufre Europa, si es que de verdad se quiere proporcionar a las actuales generaciones una jubilación digna. Más bien parece que se pretende seguir trampeando intentando sostener lo insostenible con un sistema de reparto cuando la población europea cae en picado. Es absolutamente ilógico que con una inversión de la pirámide de población, y tasas de natalidad por debajo del nivel de reposición se pueda sostener el actual sistema y tampoco una emigración masiva resolvería nada además de crear unos problemas sociales y culturales insostenibles.
Quiero simplemente apuntar el tema, ya que la elaboración de una tesis va más allá de la extensión de este artículo: hay que reconocer la estrecha y directa relación que existe entre el actual nivel de endeudamiento público y privado en relación al PIB, las tasas de crecimiento y la pretensión de crear una futura bolsa de ahorro para cubrir la jubilación de las actuales generaciones. No es solo Grecia, sino toda Europa, Japón y EE.UU. (China y su tremendo problema habrá que dejarlo para otra ocasión) están profundamente endeudados, y eso dificulta, sin hacer unos recortes significativos en el gasto público, el crear un futuro colchón de fondos de pensiones individuales o colectivos con la suficiente entidad como para garantizar unas pensiones aceptables. ¿Con un endeudamiento abultado y un importante servicio de la deuda además de las “políticas sociales” que practican la mayoría de los estados, qué presión fiscal sería la necesaria para mantener el sistema sin acogotar a la sociedad? Partimos de la base de que probablemente entre impuestos directos, indirectos, IVAs, IBIs, patrimoniales y especiales un ciudadano europeo está siendo privado de entre el 35% y el 60% de sus ingresos… ¿Cuánto le quedaría para mantener su nivel de vida, si además tuviera que proveer unos recursos significativos para su complemento de jubilación?
Tendría que aumentar sustancialmente la producción real y el consumo para ver incrementados los ingresos fiscales del estado, de manera que los ciudadanos tuvieran una menor presión fiscal, una presión fiscal que les permitiera ahorrar. Para aumentar la productividad, además de otras medidas, fundamentalmente se requeriría inversión y la inversión necesita del ahorro sin recurrir al endeudamiento ya excesivo en estos momentos (los peligros del apalancamiento son ampliamente conocidos).
Además de una acrisolada confianza en el respeto a la seguridad jurídica del sistema en cuestión dicha inversión ha de ser rentable tras pasar por hacienda. Habría por tanto que reducir las bases del impuesto. ¿Quién arriesga su dinero para dejarse directa o indirectamente la mitad por el camino cuando todos sabemos que toda inversión entraña riesgo y tal riesgo puede convertirse en una pérdida total del capital invertido?
En el fondo la única solución realista a este problema, aparentemente insoluble, ya que nos enfrenta con uno de los principios sacrosantos del actual régimen o modelo de “estado de bienestar”, es que habría que reducir a sus estrictos límites esa la filosofía, hoy muy en boga, del “estado providencia”, y volver a transferir más responsabilidad a las personas en sus propios destinos, de manera que se fortalezcan las iniciativas individuales y se alivie la carga del estado, de manera que este pueda reducir la presión fiscal. Un idílico estado comunista en que “cada uno produzca según su capacidad y reciba según su necesidad” es más o menos atractivo emocional o humanitariamente hablando, pero no funciona y eso está comprobado ampliamente, al final solo es sostenible por la fuerza y con una dictadura en la cúpula manteniendo todos un nivel ínfimo casi de pobreza colectiva. No se trata de abandonar a cada uno a su suerte, sin más, sino dar más protagonismo a las personas y su responsabilidad. Esto obviamente atenta contra la tendencia de los políticos actuales de prometer y prometer para atraerse el voto, aunque todos sabemos en el fondo, si somos sinceros, que es imposible. Se trata de una gran mentira y la gente se la traga por aquello de a ver qué pasa y me llevo algo…
Lo que sabemos con absoluta certeza es que el sistema actual de reparto, con el panorama demográfico europeo, quiebra, por tanto la decisión es ineludible. No es solamente en el terreno de las pensiones que urgen decisiones puntuales y urgentes, sino en múltiples campos y programas de política colectiva, territorial internacional etc. Es absolutamente necesario que el estado renuncie a una parte de esa carga fiscal y si para hacerlo debe reajustar su tamaño y su formato organizativo a nivel nacional o internacional, buscando una mayor eficiencia, no nos engañemos, las sinergias existen y hay que aprovecharlas. Por ejemplo: la complejidad del sistema de autonomías en España, es muy caro, independientemente de las bondades que pueda tener es insostenible. Una Europa con tanta peculiaridad debe ajustarse a una soberanía y una coordinación mayores. Son decisiones de mucho calado que requieren un enorme poder ejecutivo del que hoy parece que carece Europa. Ese es el desafío.
La pregunta es: ¿Serán los gobiernos, los partidos políticos, todos, capaces de enfrentarse a este desafío con racionalidad y realismo o buscarán salidas políticamente convenientes electoralmente? ¿Seguirán aplazando las decisiones duras a base de seguir poniéndole más aceite a la máquina de hacer dinero? Si vemos objetivamente el estudio de los profesores Rheinhart y Rogoff, no parece que haya muchas dudas respecto a cuales pueden ser las consecuencias de esta política, estas situaciones acaban en inflación o quiebra. Según la fe que cada cual tenga que responda a esas preguntas y actúe económicamente en consecuencia y tome sus decisiones de cara a su jubilación o su vida en general. Pero que nadie se engañe, si uno se equivoca quien lo va a pagar es uno mismo, por tanto quizá convenga aparcar las ideologías políticas y centrarse en la más pura y estricta experiencia de la realidad histórica.
