Aun cuando diga la Constitución que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier circunstancia personal o social (artículo 14). Esta figura, de origen medieval, es proteger a personas que por su dignidad, por su rango, entre en un limbo de privilegios en materia de jurisdicción. Luego está la trola del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para quien el aforamiento es una especie de sacrificio generoso de los beneficiados que renuncian a la primera instancia judicial.
No es una flaqueza democrática que determinadas personalidades claves de la vida política se beneficien de aforamiento y diriman sus cuestiones judiciales en tribunales distintos a los de los ciudadanos normales a los que dicen representar. Lo indecente es que ese privilegio se extienda a cualquier delito que puedan cometer, no estrictamente a los cometidos en el ejercicio del cargo. Ejemplo: el presunto tráfico de influencias del exministro de Fomento, José Blanco, no tenía nada que ver con el ejercicio de su cargo. Sin embargo fue al Supremo. Y con un acto vergonzante, el tribunal juzgador archivo porque las presiones del ministro para obtener favores a un empresario amigo en Sant Boi de Llobregat, “no eran lo suficientemente intensas como para deducir delito”. ¿Se dan cuenta del truco?
El segundo escándalo democrático es que en España tengan derecho a aforamiento más de 10.000 cargos políticos, judiciales, y de muchos otros órdenes. En Francia no llegan a 40 y en Alemania media docena. Luego están los “aforamientos” especiales que es la extensión del tratamiento de privilegio cuando la instancia jurídica superior no tiene más remedio que condenarte. Entonces se produce el momento más frustrante para los demócratas: se les ha declarado culpables en sentencia firme, pero les indultamos. Como ocurrió con varios dirigentes de Unió que debían ir al talego por llevarse la pasta de formación de parados. La primera decisión del Gobierno Rajoy (a propuesta de Ruiz-Gallardón) fue indultar a los corruptos.
El indulto es el verdadero “ungüento amarillo” democrático. Se hace en casi todas las democracias, pero nunca tanto como aquí. Los delitos de corrupción han recibido 226 indultos con Gobiernos democráticos, los de prevaricación reservados a funcionarios, 25 indultos; los de malversación de fondos públicos, 107 indultos y 16 indultos para los delitos de cohecho.
En fin, como diría Manolo Escobar: “Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras, pero, pero soy de una opinión, que el que me busca me encuentra”.
