El actual canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha advertido de que el modelo de bienestar social germano atraviesa una crisis financiera y que el país no puede sostener indefinidamente un sistema que, a su juicio, consume más recursos de los que la economía es capaz de generar. En un encuentro con la CDU en Osnabrück, insistió en que la reorganización del sistema de seguridad social es inaplazable, aunque rechazó dejarse intimidar por acusaciones de «recortes drásticos». Su mensaje, dirigido también a sus socios socialdemócratas, fue claro: demostrar que la transformación del sistema es posible.

La discusión no se limita al ejecutivo. Desde la oposición, la líder parlamentaria de La Izquierda, Heidi Reichinnek, denunció que se está gestando lo que calificó como un «otoño de crueldad social». Según ella, centros de investigación, lobbies empresariales y expertos alineados con la CDU/CSU estarían impulsando una ofensiva contra derechos laborales y beneficios sociales. Como respuesta, reclamó la vuelta del impuesto sobre el patrimonio.

El debate se agudizó tras las declaraciones del vicecanciller y jefe del SPD, Lars Klingbeil, que no descartó aumentar los tributos a las rentas más elevadas para cuadrar las cuentas del Estado. En una entrevista televisiva, afirmó que «ninguna opción está excluida» y subrayó que, aunque comparte la necesidad de reformas, éstas deben preservar la justicia social. Klingbeil defendió que el sistema continúe garantizando ayuda a los enfermos, los dependientes y las personas en riesgo de exclusión.

En esta misma línea se expresó Alexander Schweitzer, dirigente socialdemócrata de Renania-Palatinado, quien evocó la etapa de Helmut Kohl para argumentar que impuestos más altos para los millonarios no son incompatibles con la democracia. Recordó que en los años noventa el tipo máximo alcanzaba el 56% y se aplicaba también un gravamen sobre el patrimonio, sin que nadie hablara de socialismo.

Merz, sin embargo, fue tajante al rechazar una mayor carga fiscal para las empresas familiares y el tejido medio de la economía. «Mientras yo sea canciller, no habrá incrementos en el impuesto sobre la renta que afecten a pequeñas y medianas compañías», aseguró. El líder de la CDU, además, reprochó a sus socios de coalición no haber cumplido todavía con las expectativas de cambio, a pesar de los avances en materia migratoria y en la recuperación económica.

El debate sobre el futuro del Bürgergeld y otras ayudas sociales también está ganando fuerza. Carsten Linnemann, secretario general de la CDU, defendió un giro de fondo en la política de prestaciones porque, en sus palabras, «el estado de bienestar se ha vuelto insostenible». Una idea que choca frontalmente con la juventud socialista: Philipp Türmer, presidente de las Juventudes del SPD, advirtió que para ellos cualquier recorte de ayudas sociales es una «línea roja».

En paralelo, el gobierno ya ha puesto en marcha una comisión que a partir de septiembre estudiará cambios en programas como el subsidio ciudadano, las ayudas a la vivienda y las prestaciones familiares. El informe definitivo, encargado por la ministra de Trabajo Bärbel Bas (SPD), debería presentarse antes de que termine 2025.